Fotografía: © M.M.Capa
“Este caso en realidad tiene que ver con el dinero. Con la oleada de desahucios que está teniendo lugar por todo el país. No estamos hablando de un simple acto de venganza. Estamos hablando del asesinato frío y premeditado de un hombre que amenazaba con revelar la corrupción existente entre los bancos y los agentes encargados de llevar a cabo sus desahucios. Todo lo que rodea este caso tiene que ver directamente con el dinero, con los que tienen el dinero y no están dispuestos a perderlo por nada del mundo… Aunque tengan que llegar al asesinato”.
Es el vibrante alegato de Mickey Haller, abogado defensor de una ciudadana acusada de asesinar a martillazos a un directivo del banco que había decidido su desahucio. El juicio constituye la trama de “El quinto testigo”, de Michael Connelly (Filadelfia, 1956). Es la última obra publicada en España por un autor de éxito en el género de la novela negra: Connelly ha vendido más de cincuenta millones de ejemplares en todo el mundo y sus libros han sido traducidos a cuarenta idiomas. Seguro que él ya no tiene hipotecas pendientes.
“El quinto testigo” presenta, sobre todo al principio, un claro fundamento económico: relata la crisis inmobiliaria y sus devastadores efectos sobre millones de ciudadanos desahuciados en Estados Unidos, merced a un sistema con más sombras que luces.
Por lo demás, la novela es básicamente la típica y entretenida trama judicial con los ingredientes habituales de asesinato poco claro, abogado defensor brillante, fiscal implacable, juez duro e imparcial, jurados más o menos manipulables, testigos fiables o contradictorios, pruebas confusas y un aluvión de sorpresas durante la investigación (sin olvidar la gran sorpresa final que, obviamente, no les desvelaré). Una muestra más de los relatos, novelados, cinematográficos o televisivos, que tantas veces nos han hecho envidiar el rápido y expeditivo sistema procesal norteamericano.
BANQUERO MUERTO A MARTILLAZOS
Haller, abogado especialista precisamente en frenar desahucios ilegales, debe volver a su antiguo oficio de penalista para defender a una de sus clientas, que estaba a punto de ser desahuciada. Una ciudadana que además se había convertido en una especie de Ada Colau, en una destacada activista contra los bancos y contra todo el entramado (muchas veces al borde de la legalidad) montado para quedarse con las viviendas de personas con problemas económicos.
El abogado defensor se esfuerza en buscar pruebas y testigos, mientras recurre a artimañas no demasiado éticas. Todo con el objetivo de que su clienta se libre de la acusación de matar a martillazos a un alto ejecutivo de un banco. Casualmente, el mismo directivo responsable de decidir el desahucio de la combativa ciudadana.
Antes de tener que volver a este caso penal, Haller se ganaba bien la vida defendiendo a los acosados por los bancos:
“Calculé que si lograba [que una clienta amenazada de desahucio] siquiera viviendo en la casa un año más, me sacaría un total de cuatro mil pavos (…). Lo más seguro era que no volviese a ver jamás a la señora Pena [la clienta]. Denunciaría en el juzgado la ejecución hipotecaria y daría todas las largas posibles al asunto. Seguramente no tendría ni que comparecer ante el juez”.
Y todo porque “el banco había jugado sucio” al no comprobar que la señora había recibido las pertinentes notificaciones:
“Aquel no era un barrio en el que los agentes judiciales pudieran campar a sus anchas. Lo que yo sospechaba era que las notificaciones habían acabado en la basura y que el agente de turno había mentido al respecto”.
Esta solía ser una línea habitual de defensa. Al parecer en Estados Unidos no funciona tan bien como en España lo más práctico cuando quieres asegurarte de que alguien recibe una notificación: un burofax con acuse de recibo. No lo duden: utilícenlo siempre que quieran asegurarse de que el destinatario recibe cualquier carta o notificación que le envíen. Se ahorrarán problemas legales por no notificar con certeza:
“Esa sería mi línea de defensa (…). Que el banco se había aprovechado de ella y había puesto en marcha la ejecución hipotecaria sin darle la oportunidad de abonar los pagos pendientes, y que el tribunal tenía que fallar en su contra por haber procedido de esta forma”.
DE LOS CRÍMENES, A LA BURBUJA INMOBILIARIA
La crisis económica culpable de estos desahucios poco claros es la misma que había llevado a Haller a dejar la rama penalista, para volcarse en la defensa de los acosados por los bancos:
“Los abogados penalistas casi no encontraban trabajo con la economía en horas bajas. La criminalidad, sin embargo, no tocaba fondo. En Los Ángeles, el crimen avanzaba siempre viento en popa fuera cual fuera la situación económica. Pero los clientes dispuestos a pagar eran cada vez más escasos (…). El único sector en expansión en el campo de la abogacía era la defensa contra las ejecuciones hipotecarias”.
El abogado siente además que está defendiendo a clientes que, en la mayoría de los casos…
“…no eran sino víctimas por partida doble: primero engatusados con el sueño americano de tener una casa en propiedad y alentados a firmar unas hipotecas que ni remotamente iban a poder pagar, y convertidos luego en víctimas de nuevo tras el estallido de la burbuja, cuando los prestamistas poco escrupulosos fueron a por ellos en el subsiguiente frenesí de ejecuciones hipotecarias. La mayoría de estos antaño orgullosos propietarios no tenían la menor oportunidad bajo la draconiana regulación de California. Un banco ni siquiera necesitaba una aprobación judicial para arrebatarle la casa a alguien. Los grandes genios de la economía consideraban que era lo mejor. Que la máquina tenía que seguir girando. Que cuanto antes tocara fondo la crisis, antes comenzaría la recuperación”.
Seguro que les suena. El estallido de la burbuja hipotecaria (generada por los propios bancos) y la receta para resolverla (que la paguen los ciudadanos) son muy parecidas en todas partes. La diferencia es que en Estados Unidos –para mayor indefensión de esas “víctimas por partida doble”– buena parte de la maquinaria de los desahucios ha sido privatizada. Esto permite que los bancos utilicen a empresas –en ocasiones de dudosa legalidad– que se encargan de todos los trámites en el acoso y derribo de las víctimas de la rapacidad bancaria. En el caso de asesinato, Haller centra su defensa en las oscuras relaciones entre el banquero muerto a martillazo y una de estas empresas buitres, llamada ALOFT:
“ALOFT era una especie de trituradora industrial, una compañía que presentaba y seguía todos los documentos requeridos a lo largo de un proceso de desahucio. Se trataba de una intermediaria que permitía que los banqueros y otros prestamistas no se mancharan las manos en el sucio negocio de arrebatarle su hogar a la gente. Las empresas como ALOFT hacían el trabajo sin necesidad de que el banco tuviera que mandar una sola carta al cliente que iba a ser desahuciado”.
Esta actividad de acosar a los potenciales desahuciados es aún más lucrativa que la de actuar en su defensa, como explica el protagonista a los miembros de su equipo:
“¿Tenéis idea de la cantidad de dinero que está ganando ALOFT? –pregunté–. Diría que esta compañía interviene en cerca de la tercera parte de nuestros casos. Sé que no es muy científico, pero si hacemos una extrapolación y suponemos que ALOFT lleva la tercera parte de todos los casos en el condado de Los Ángeles, estamos hablando de millones y millones en beneficios. Dicen que solo en California habrá tres millones de desahucios durante los próximos cinco años”.
Espero sinceramente que, pese a todo este latrocinio organizado, no caigan en la tentación de resolver sus hipotecas a martillazos. La violencia no ayuda, sino todo lo contrario. Esta novela se lo dejará muy claro.
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Título comentado:
-El quinto testigo. Michael Connelly, 2011. RBA, Barcelona, 2015.
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